A casi dos semanas de su promulgación queda claro que su nacimiento se debe meramente a fines electorales ¿pero realmente qué hay detrás de ella? ¿Cuáles son las motivaciones de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y los Republicanos? Pero sobre todo ¿con qué costos económicos podría cargar Sonora de salir adelante esta ley producto de la demagogia norteamericana? Vamos por partes.

Primero que nada, déjeme decirle que detrás de la “Ley Arizona”, existe una profunda motivación económica. Le explico.

La economía de Arizona de 1998 al 2006 mostró tasas de crecimiento del 5.6% en promedio al año, lo que le valió colocarse como uno de las entidades más dinámicas de Estados Unidos.

Incluso en 1998, 1999 y 2005 logró crecer a tasas arriba del 8%, similares a las que gozan países “modelo” como India y China.

También durante ese mismo lapso el número inmigrantes indocumentados que residían en Arizona se disparó en más de un 70%, de acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, hasta el 2006 nadie se quejó ni dijo nada en contra de los inmigrantes, y es que se comprendía que “eran” el aceite que lubricaba el crecimiento de Arizona.

Un estudio realizado en 2003 por la Universidad de Thunderbird, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y Wells Fargo revela que el salario promedio en Arizona es de 28 mil 355 dólares al año.

En cambio, el salario promedio de los mexicanos documentados y no documentados es de sólo 12 mil 963 dólares al año, en promedio.

Además el estatus migratorio tiene una gran repercusión en los ingreso de los trabajadores mexicanos en Arizona, ya que los paisanos documentados perciben 16 mil 947 dólares al año, mientras que los indocumentados sólo 11 mil 170 dólares.

Sin costos de mano de obra como estos, la economía de Arizona y en especial su sector inmobiliario y constructor jamás podrían haber alcanzado tasas de crecimiento similares a las de China e India.

El crac

Pero a partir del 2007 “la burbuja” del mercado inmobiliario dejó de crecer, Arizona que había sustentado su crecimiento en buena medida gracias a ese sector, fue uno de los primeros estados en resentir los efectos que resultaron los cimientos de la crisis americana del 2008.

En 2007, la economía de Arizona creció sólo poco más de un 1%, y curiosamente es en julio de ese mismo año cuando la ex gobernadora Janet Napolitano promulga una ley que prohíbe la contratación de indocumentados y obliga a las empresas a verificar si una persona puede ser empleada.

¿Sabe bajo qué argumento? Que los legisladores federales eran, al parecer, incapaces de resolver el problema de la inmigración ilegal. El mismo argumento que hoy emplea Brewer para defender la polémica “Ley Arizona”.

Más tarde, en 2008 Arizona se sumerge de lleno en la crisis, su economía cae 0.6% y su desempleo sube de 3.9% en 2006 a 7.6% en ese mismo año.

Entonces, nuevamente en julio de 2008 la ex gobernadora Napolitano ordenó acciones antiinmigrantes, ahora con el decomiso de remesas enviadas a México por Western Union, bajo el argumento de que financiaban el tráfico de indocumentados.

En 2009, aunque no hay cifras disponibles, es fácil suponer que Arizona cayo por encima del promedio de la economía estadounidense que fue de -2.5%. Además del desempleo se ubicó en 9.2%, su mayor nivel desde 1982.

Debido a la crisis y el endurecimiento de las leyes migratorias promovidas por Napolitano, en 2009 el número de indocumentados en Arizona se redujo según cifras oficiales un 18%, al pasar de 560 mil a sólo 460 mil ilegales.

En lo que va del 2010, la economía de Arizona no ha visto ni de “chiste” asomarse la recuperación, pues a marzo el desempleo ya es del 9.6%, mientras que en el resto de Estados Unidos si hay una baja en la desocupación.

Todo esto nos lleva a concluir que la Gobernadora Brewer está utilizando la Ley SB1070 como un distractor del fracaso de su política económica y en aras de reelegirse está buscando culpar a los inmigrantes por el alto desempleo.

Con esto, la Gobernadora está logrando desviar la atención del tema económico, un terreno donde seguramente cualquier contendiente tiene argumentos de sobra para pedirle su retiro del cargo.

Lo peor es que esto podría tener serias implicaciones para Sonora. Suponga lo siguiente: La ley avanza pese al rechazo y se pone en vigor en los próximos dos meses y medio. Suponga en un escenario moderado que esto provoque que sólo un 10% de los 460 mil indocumentados que viven en Arizona sea deportado o se venga a Sonora por su propio pie.

Derepente tendríamos 46 mil nuevas personas buscando trabajo en la entidad y si estos se suman a los 70 mil desocupados que ya hay en Sonora, entonces nuestra tasa estatal de desempleo podría dispararse de 6.4% a 10.6%. Sería la más alta de todo México. ¿Cómo la ve?

Por eso desde mi punto de vista Sonora no se puede dar el lujo de un rechazo “blando” a la Ley Arizona, ya que su puesta en marcha tendría serias repercusiones económicas y sociales para nuestro Estado.

Alejandro Romero

Economista y Jefe de redacción de Informativo Entre Todos, con más de 12 años de experiencia en periodismo económico y financiero.

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